El pasado mes de abril, la PGR anunció que se habían liberado 65 indocumentados, tanto mexicanos como centroamericanos, que habían sido hechos prisioneros por el crimen organizado. Nueve de ellos fueron reconocidos por familias de San Luis de la Paz, Guanajuanto, y fueron a la procuraduría estatal para que se los entregaran. Sorpresa. Nadie sabía nada de estas personas.
Han pasado tres meses desde entonces sin que, ni la procuraduría estatal ni la federal, respondan por estas personas supuestamente liberadas. Obviamente las familias se encuentran desesperadas porque no saben a ciencia cierta lo que pasó con sus hermanos, primos, esposos, padres que salieron un día hacia el norte con el afán de cumplir el sueño americano y terminaron siendo víctimas de las mafias que operan con un poco menos que total impunidad en todo el territorio.
¡Y lo peor es que las mismas autoridades no se ponen de acuerdo con el destino de estas personas!
¿Será acaso porque son personas de escasos recursos, que no pueden organizar marchas ni plantones y que no tiene voz para salir a las calles y reunir multitudes o que no puede comprar espacios en periódicos, televisión, radio o espectaculares?
¿Será acaso que la justicia sigue siendo para los que más tienen y no para los desprotegidos, que en este país somos mayoría?
Analicemos, si algo le pasa a un allegado de una persona influyente, se mueve cielo, mar y tierra para encontrarlo. ¿Por qué las procuradurías federa y de Guanajuato no han podido establecer el paradero de estas personas liberadas para entregarlas a sus familiares?
Dicen que la justicia es ciega... tal parece que en este y muchos otros casos se ha tomado la libertad de decidir sobre quién actúa y sobre quién no.
